A propuesta de IU, el ayuntamiento aprueba estudiar la aplicación de reducciones en el precio de las viviendas públicas de alquiler

Actualmente la vivienda pública tiene fijados unos precios que no se ajustan a la situación económica de las personas a las que se orienta y son muchas las comunidades autónomas y localidades que articulan mecanismos para establecer unos precios en el alquiler social que se adecuen a las posibilidades de las familias y facilitar el acceso a una vivienda a los sectores más desfavorecidos.

En nuestro municipio nos encontramos con situaciones en las que los adjudicatarios de las viviendas municipales de alquiler tienen dificultades para hacer frente al compromiso de pago que tienen con PAMMASA y deben recurrir a amigos/as y familiares para poder hacerlo o directamente renuncian a las viviendas por no poder asumir las rentas.

La Comunidad de Madrid lleva años aplicando factores de reducción de la cuota de alquiler de las viviendas gestionadas por el IVIMA. La cuantía de la renta se determina mediante un porcentaje de la misma, atendiendo al nivel de ingresos de la unidad familiar y al número de miembros que la componen. Esta reducción de la cuota puede ir desde un 5% hasta un máximo del 95%.

Ante esta situación, el Grupo Municipal de Izquierda Unida presentó en el pasado pleno del mes de noviembre, una propuesta para que desde el Ayuntamiento de Majadahonda se busque la manera, ya sea mediante reducciones en el precio o con ayudas directas, para que las rentas que deben pagar se adecuen a los ingresos de las familias, al estilo de lo que se hace en la Comunidad de Madrid y otros municipios.

La propuesta fue aprobada con los votos de IU, CMj, Somos, PSOE y Ciudadanos y el voto en contra del PP.

Juancho Santana, Portavoz de IU, ha señalado “las políticas del PP han pervertido el sentido de la vivienda protegida. No puede ser que para cada promoción de vivienda pública en Majadahonda sean cientos los vecinos y vecinas que tienen que renunciar por no poder asumir los costes que tienen y hay que tomar medidas para cambiarlo. La vivienda pública debe tener una función social, es recomendable que el gasto del alquiler no supere el 30% de los ingresos familiares para poder atender al resto de necesidades.”

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