MOCIÓN CONTRA EL ANTEPROYECTO DE LEY PARA LA RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

El Consejo de Ministros del pasado 15 de febrero recibió un Informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sobre el Anteproyecto de “Ley para la Racionalización y la Sostenibilidad de la Administración Local”. En dicho informe se establecen las líneas principales de lo que supone la demolición del modelo de gestión pública que se inició en España con los Ayuntamientos democráticos y que ha supuesto un avance en el desarrollo del país desde el impulso dado en el ámbito municipal.

La denominada reforma de la administración local desprecia el principio rector que ha movido con mayor o menor ambición la normativa de desarrollo de los Ayuntamientos, el de la administración más cercana. Desde el año 1979, los Ayuntamientos, ante la falta de definición constitucional de las competencias locales, se han preocupado por satisfacer las demandas más acuciantes de sus vecinos y han afrontado aquellos retos y actuaciones que fueran impulsadas por la ciudadanía.

La reforma del Art. 135 de la Constitución Española, acordada por el PP y el PSOE, recoge el principio de estabilidad presupuestaria como rector de todas las administraciones públicas, y a esta obsesión se somete ahora a la administración local a través de esta reforma, sin contemplar las consecuencias sociales en forma de pobreza y deterioro de servicios que esa rigidez provoca en la sociedad, con especial incidencia en las capas populares. Es este principio el que va a condicionar todas las actuaciones relacionadas con las competencias, servicios y atención a la ciudadanía que los Ayuntamientos vienen prestando.

Bajo la aparente pretensión de eliminar duplicidades y competencias impropias para ajustarse a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, nos encontramos con una reducción a la mínima expresión de la administración local. No se eliminan duplicidades- pues existen las competencias compartidas y se mantiene la posibilidad de que los municipios saneados las afronten -, sino que lo que se elimina son competencias propias de los municipios, en aspectos tan relevantes como educación, salud o servicios sociales, para pasarlas a las Comunidades Autónomas sin su correspondiente financiación. Es decir, no se eliminan duplicidades sino que se desmantelan servicios públicos.

En esta operación de tutelaje del Gobierno central y de ataque a la autonomía municipal, se refuerzan entidades alejadas de la transparencia y el control democrático como son las Diputaciones, ignorando al mismo tiempo las reivindicaciones históricas de los municipios de una mayor financiación y de ser tratados en pie de igualdad con las demás administraciones.

Con el pretexto de racionalizar la estructura organizativa se privatizan servicios y entes instrumentales, reconociendo como uno de los objetivos el favorecer la iniciativa económica privada, reduciendo el papel de las administraciones públicas y evitando intervenciones administrativas desproporcionadas. Se debilita la democracia local a través de la reducción de sus competencias, se anteponen los principios económicos neoliberales sobre cualesquiera otra consideración en la gestión municipal y se ahonda en la privatización de los servicios públicos, especialmente en el caso de municipios que pierdan la titularidad de sus competencias en favor de las Diputaciones.

Asimismo, a pesar de que se dice perseguir un supuesto ahorro neto de 7.129 millones de euros de 2013 a 2015, ningún dato avala esto, a no ser con el coste en recortes en forma de competencias, recursos, eliminación de servicios a los ciudadanos y destrucción de empleo público municipal.

Toda la trayectoria de descentralización, acercamiento de los servicios a la ciudadanía y fortalecimiento del poder local como administración más cercana, en la que esta pueda ejercer mayores mecanismos de participación directa y democrática, se ve amenazada por las pretensiones del Gobierno central. La reforma propuesta, lejos de enfocarse a la mejora de la atención a los ciudadanos, se encamina hacía un modelo basado en:

  1. Vaciamiento y disminución de competencias de Ayuntamientos.

  2. Reforzamiento de administraciones de elección indirecta como las Diputaciones.

  3. Intervención de Ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes y pérdida de competencias entre los menores de 20.000 habitantes en favor de las Diputaciones.

  4. Dos tipos de Entidades Locales Autónomas.

  5. Apuesta por la privatización de los servicios públicos y desmantelamiento de la Administración Local.

  6. Supresión, entre otras, de las competencias en servicios sociales, educación o promoción del medio ambiente.

  7. Supresión del principio de autoorganización municipal y autonomía local.

  8. Supresión de la capacidad de los Ayuntamientos para la dinamización de la economía local.

  9. Introducción de indicadores de calidad puramente financieros, sin contemplar criterios de atención a la ciudadanía de carácter social o de derechos humanos básicos.

En definitiva, nos encontramos ante el mayor ataque a los ayuntamientos democráticos y a la autonomía municipal, eliminando el poder de los más cercanos, alejando a la ciudadanía de la gestión de lo público y provocando un alejamiento de la política de una población que exige más participación, más democracia y más transparencia.

Por todo ello, el Grupo Municipal de Izquierda Unida –Los Verdes propone al Peno para su aprobación la siguiente:

MOCIÓN

1.- Mostrar el rechazo del Ayuntamiento de Majadahonda al texto del Anteproyecto de Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la administración local.

2.- Exigir la convocatoria de una Asamblea Extraordinaria de la FEMP para tratar este asunto y el presente y futuro del municipalismo.

3.- Elevar al Gobierno Central la propuesta de que cualquier reforma que afecte a las entidades locales deberá contar con la participación de las mismas, tanto directamente como a través de las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus competencias.

4.- Instar al gobierno Central a que se reúna la Conferencia Sectorial para Asuntos Locales para debatir este Anteproyecto de Ley y promover una Ley de Financiación Local que resuelva el fortalecimiento de las competencias locales y su financiación.

5.- Adherirse a las acciones legales que se interpongan para intentar parar esta reforma, incluido en su caso el recurso de inconstitucionalidad.

6.- Adherirse a cuantas plataformas se pongan en marcha en defensa de un municipalismo democrático y cercano a los intereses de la ciudadanía.

Majadahonda, 11 de marzo de 2013

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