El pasado 2 de Noviembre los trabajadores y trabajadoras del Hospital de la Princesa comenzaron un encierro en señal de protesta contra las medidas que se están tomando desde la Comunidad de Madrid que atacan a nuestro sistema público de salud y ante el anuncio de desmantelamiento de este hospital de referencia. Pocos días después se irían sucediendo los encierros de profesionales en todos hospitales públicos madrileños ante unas medidas que pretenden despedir a miles de trabajadores y continuar con un modelo de privatización de la Sanidad Pública que es menos eficiente, más costoso y que pone en grave riesgo el acceso a la sanidad de manera universal y gratuita. Las medidas anunciadas por el gobierno de la Comunidad de Madrid  pretenden la privatización total de los seis nuevos hospitales (Norte, Vallecas, Granada, Parla, Coslada y Aranjuez) y la desaparición de la Unidad Central de Radiodiagnóstico, lo que supondrá que 4.082 trabajadores públicos sean despedidos. Además, se plantea: Privatización de la gestión del 10% de los Centros de Salud. Transformación del Hospital Carlos III en hospital de media estancia. Concentración de los laboratorios en 4 hospitales. Privatización de los centros de especialidades de Alcobendas, Pontones, Aranjuez y Quintana despidiendo a[…]

Desde hace más de 30 años la Ley de Integración Social de los Minusválidos viene estableciendo que las administraciones deben “crear las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean efectivas y reales” y que “los Ayuntamientos deberán prever planes municipales de actuación, al objeto de adaptar las vías públicas, parques y jardines, a las normas aprobadas con carácter general, viniendo obligados a destinar un porcentaje de su presupuesto a estos fines”. La Comunidad de Madrid también es clara en su legislación, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, y señala que “los Poderes Públicos tienen el deber de facilitar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos” y que todas “las Administraciones Públicas tienen la obligación de elaborar normativa para garantizar la consecución de dichos objetivos y, para ello, se establecerán las normas y criterios básicos para la supresión de barreras arquitectónicas y obstáculos, evitando la aparición de nuevas barreras, así como eliminando las existentes”. En Majadahonda todavía muchos de sus espacios públicos no cumplen unos mínimos exigibles de accesibilidad: ancho de las aceras insuficiente o inexistente, farolas o mobiliario urbano colocados en medio de[…]