Archivomarzo 2014

En el año 1995, el Ayuntamiento y el IVIMA llegaron a un acuerdo por el que el que éste último recibía en propiedad cinco parcelas en el término municipal de Majadahonda, en los aprovechamientos de suelo para construir viviendas sociales públicas. La fórmula empleada en aquel momento, a juicio de IU, plantea algunas dudas y podría no haber respetado lo establecido en la entonces vigente Ley del Suelo del año 1990. Casi 20 años después, el IVIMA no ha cumplido con sus obligaciones ni con en el convenio firmado con el Ayuntamiento de Majadahonda por el que se comprometía a construir 1084 viviendas públicas en nuestra localidad. Sólo una parcela está habitada a fecha de hoy y otra lleva años de retraso en la construcción de viviendas para empadronados, que fueron sorteadas en el año 2007. El resto de parcelas están sin construir y sin expectativas de hacerlo a corto o medio plazo y el Ayuntamiento tiene previsto comprar una de ellas por un precio aproximado de 4.886.642 €. Además, se da el caso de que la única parcela que el IVIMA había construido y adjudicado, con 332 viviendas del Plan Joven, ha sido vendida al fondo buitre Goldman Sachs[…]

Los actuales precios de la vivienda protegida en Majadahonda, y en toda la Comunidad de Madrid, están pervirtiendo el sentido de la vivienda pública ya que tiene fijados unos precios que no se ajustan a la situación económica de las personas a las que se orienta. Ante esto, son muchas las comunidades autónomas y las localidades que articulan mecanismos para establecer unos precios en el alquiler social que se adapten a las posibilidades de las familias y facilitar el acceso a una vivienda a los sectores que más lo necesitan. Por ejemplo, la propia Comunidad de Madrid, lleva años aplicando factores de reducción en las cuotas de alquiler en las viviendas gestionadas por el IVIMA, aunque por desgracia estas ayudas actualmente corran peligro por las políticas antisociales del PP en el Gobierno Regional. En Majadahonda se están dando situaciones en las que los adjudicatarios no pueden hacer frente a sus compromisos de pago, que en algunas promociones suponen unos 600 euros al mes, y deben buscar la ayuda de su familia para poder hacerlo o renunciar a las viviendas y, al mismo tiempo, podemos ver cómo para un sorteo de sólo 48 viviendas protegidas de venta, al que se apuntaron[…]