Archivo06/11/2013

En el mes de Junio Izquierda Unida solicitó en el Pleno de Majadahonda que el Ayuntamiento se dirigiera a los juzgados de la localidad solicitando información sobre el número de desahucios de primera vivienda que se habían producido en el municipio desde el año 2010. Dicha propuesta fue denegada porque, según los “servicios jurídicos”, los juzgados no tienen encomendada la función de realizar informes o estudios estadísticos, por lo que según el Equipo de Gobierno no era posible realizar dicha petición. Esta respuesta choca con la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, aprobada en 2002 por unanimidad en el Congreso de los Diputados que señala en su artículo 2 que “El ciudadano tiene derecho a recibir información transparente sobre el estado, la actividad y los asuntos tramitados y pendientes de todos los órganos jurisdiccionales de España”. Si bien dicha carta establece que son el Ministerio de Justicia, las Comunidades Autónomas o el Consejo General del Poder Judicial quienes canalizan dichas peticiones, desde Izquierda Unida consideran que si el PP hubiera tenido verdadero interés en conocer dichas cifras se habría dirigido a los juzgados y en caso de haberse negado habrían podido acudir a estas instancias superiores. Curiosamente[…]