MOCIÓN PARA QUE SE CUMPLA LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA VIVIENDA EN MAJADAHONDA

El Derecho a la vivienda es un derecho reconocido en todo el ordenamiento jurídico tanto nacional como internacional. Su reconocimiento se encuentra en la Declaración Universal de Derechos humanos y su tutela efectiva en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. En la Constitución vigente se reconoce el derecho a la vivienda digna en el artículo 47 y la función social de la propiedad privada en el artículo 33 .

Hay que tener en cuenta que la asunción de estos derechos entraña no sólo el reconocimiento de un derecho individual sino también la obligación de todas las Administraciones, empezando por la del Estado pero también de los ayuntamientos como administración más cercana, de actuar, con todos los medios a su alcance, para garantizar estos derechos. A pesar de esta exigencia está claro que las Administraciones en su conjunto, y este Ayuntamiento en concreto, no han cumplido con sus obligaciones.

La falta de vivienda, la imposibilidad de emanciparse o, como ocurre en la actualidad, la pérdida de la vivienda provocada por un desahucio y la deuda arrastrada de por vida, supone la exclusión real de personas de nuestro sistema económico y social. El uso de la vivienda como mercancía que se ha venido haciendo por algunos sujetos, especialmente las entidades bancarias, es un uso indebido y los poderes públicos están obligados a evitarlo.

Con casi 300.000 familias afectadas por desahucios en todo el Estado, nos encontramos ante una situación que puede ser calificada como emergencia social y económica y por tanto obliga a los Gobiernos que quieran acatar el contenido de nuestra Constitución a adoptar medidas extraordinarias y urgentes.

En este sentido es necesario extender las medidas adoptadas por el Gobierno Andaluz a través de la Consejería de Fomento y Vivienda mediante el Decreto-Ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda, ante la inacción demostrada por el Gobierno Central que no adopta las medidas de salvaguarda de dichos derechos a las que viene obligado y se niega a modificar la legislación hipotecaria que ha generado en buena parte este problema.

Al mismo tiempo que se puede extender este decreto a nuestra Comunidad Autónoma, el Ayuntamiento de Majadahonda debe cumplir con sus responsabilidades de favorecer el acceso a una vivienda digna a los vecinos. Desde el año 2006, PAMMASA no ha renovado siquiera la lista de reserva de solicitantes de vivienda protegida de alquiler. Esto provoca que demandantes en situaciones de mayor necesidad no estén accediendo con prioridad y que los procesos y trámites de nueva ocupación de las viviendas se dilaten en exceso porque los datos están desfasados y como resultado las viviendas se quedan vacías durante meses.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, las viviendas vacías podrían suponer cerca del 20% del total de viviendas en el territorio español. En Majadahonda, la Comunidad de Madrid estimaba que el número de viviendas desocupadas era de 2843, cifra que la empresa de administración de comunidades LDC elevaba a 3127 en un estudio del año 2011.

A pesar de estos datos, no se ha tomado ninguna iniciativa por parte del Equipo de Gobierno, ni de carácter fiscal ni con actuaciones dirigidas, como se hace en otros municipios, a fomentar la cultura del alquiler como una vía fundamental de acceso a la vivienda.

La demanda de vivienda asequible en el municipio es una realidad, como se pone de manifiesto año tras año en las memorias de los Servicios Sociales municipales o como se puede comprobar con el alto número de solicitantes cada vez que se promueve una promoción de vivienda pública, a pesar de que los precios actuales las hacen inaccesibles a un importante sector de la población.

Por último, este Equipo de Gobierno debe asumir que no tiene el monopolio de las soluciones, que otros actores pueden aportar propuestas válidas y constructivas y recordamos que, en el Pleno de Febrero de 2012, se aprobó una reunión de la comisión especial de vivienda sin que más de un año después haya sido convocada.

Por todo ello, el Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes, presenta, para su aprobación por el Pleno de la Corporación, la siguiente

MOCIÓN

1.-Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a la adopción de medidas legales de similares características a las aprobadas por el Gobierno de Andalucía recogidas en el Decreto Ley 6/2013 de 9 de abril, de Medidas para Asegurar el Cumplimiento de la Función Social de la Vivienda en la Comunidad Autónoma.

2.- Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que revise el precio del módulo de la vivienda protegida para adaptarlo a la realidad económica actual.

3- Puesta en marcha de un Plan municipal de acceso a una vivienda digna que contemple distintas medidas como pudieran ser un registro municipal de demandantes de vivienda, censo de viviendas vacías, servicio de alquiler social de viviendas, reserva de un porcentaje mínimo en las promociones públicas de viviendas a disposición de los Servicios Sociales para situaciones de emergencia social o desahucios, establecimiento de precios de alquiler en función de la situación socio-económica de los inquilinos, medidas de carácter fiscal para favorecer el alquiler, …

Majadahonda, 18 de abril de 2013