Boletin Municipal Majadahonda

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Os recomendamos otro artículo para seguir estando informados y reflexionando durante las vacaciones. En esta ocasión un artículo de Francisco Javier López Martín Secretario General de CCOO de Madrid sobre la privatización encubierta de la sanidad pública por parte del gobierno de Esperanza Aguirre y del Partido Popular. Cuando lo leáis no olvidéis que ese modelo privatizador del que habla, es el que se ha aplicado con el Hospital Puerta de Hierro que está en nuestro municipio. Desde Izquierda Unida apostamos por un modelo de sanidad y también de educación 100% público.

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PÚBLICO
4/08/2011

Existe un amplio consenso en los establishments políticos y mediáticos españoles de que la democracia representativa ha estado funcionando bien en España desde 1978. De sus escritos y proclamas se deduce que perciben a las Cortes Españolas como representativas de la población española y, como tal, sus decisiones responden a la voluntad popular expresada a través del proceso electoral.
Pero hay indicadores de que esta percepción no es ampliamente compartida. Uno de ellos es la notable simpatía, reflejada en las encuestas populares, que ha despertado entre la población española el eslogan “no nos representan” utilizado por el Movimiento 15-M para definir a la clase política dominante, que según las mismas encuestas es el tercer gran problema que tiene la sociedad española. Estos indicadores parecen cuestionar su representatividad.

Es importante subrayar que la crítica a la democracia española en estos casos procede, no de la derecha antidemocrática, sino de un movimiento (15-M) y de sectores bastante extensos de la población que encuentran la democracia existente en España dramáticamente limitada y muy poco representativa, exigiendo reformas para que mejore su representatividad. Y la simpatía que están despertando las propuestas razonables y populares del Movimiento 15-M (como adoptar un sistema auténticamente proporcional) refleja un malestar que, por mucho que se intente ignorar o marginar, está ahí: la democracia española es poco representativa, y ello se debe a que fue diseñada precisamente para que su representatividad fuera limitada.

La Ley Electoral actual fue inicialmente diseñada por el Consejo Nacional del Movimiento (durante la dictadura), que aceptó su disolución a condición de que la nueva Ley Electoral fuera sesgada para favorecer a las fuerzas conservadoras. Un elemento clave para ello fue escoger la provincia como unidad básica del sistema electoral, con cuatro parlamentarios por provincia como base. Más tarde, estos cuatro pasaron a dos, pero aun así la ley conservó el sesgo que favoreció a las zonas tradicionalmente conservadoras, a costa de las zonas históricamente progresistas. Así, un votante en las primeras zonas tenía, y continúa teniendo, nada menos que 3,5 veces más peso para elegir un miembro de las Cortes que una persona que vive en las segundas zonas. Y el propósito de ello lo dijo muy claro José María de Areilza, ministro de Asuntos Exteriores del primer Gobierno de la monarquía, cuando señaló que la comisión encargada de redactar las bases de la Ley Electoral “tenía un gran temor a que los trabajadores se desmandaran y dominaran la representatividad de las Cámaras. El sufragio igualitario les preocupaba y querían poner limitaciones a la igualdad numérica con trucos de toda especie”. Añadía José María de Areilza que “todo estaba preparado para que la derecha no perdiera poder”.

El gran temor de las derechas, como han reconocido también Herrero de Miñón, uno de los arquitectos del sistema electoral, y Calvo Sotelo, el expresidente del Gobierno, era que la clase trabajadora, supuestamente liderada por el Partido Comunista, tuviera una elevada representación en el nuevo Parlamento. Tales sesgos no fueron corregidos en la ley de 1987, y ello como consecuencia de que el aparato del PSOE se beneficiaba del bipartidismo de la Ley Electoral, que le favoreció como aparato, permitiéndole más escaños aún cuando el bipartidismo resultante debilitara a todas las izquierdas, obstaculizando con ello el desarrollo de su propio programa electoral. Es sorprendente que el Partido Comunista aceptara aquella ley, pues, como bien señaló el catedrático Soler Tura, que había sido miembro de la dirección del PSUC (el Partido Comunista de Catalunya), aquella ley “supuso el descalabro del Partido Comunista”, pues supuso un enorme obstáculo para que su fuerza electoral quedara plasmada en el Parlamento. En las últimas elecciones legislativas, IU, la tercera fuerza política del país (sucesora de aquel partido) sacó sólo dos diputados. Si hubiera habido un sistema auténticamente representativo (en el que el peso de cada ciudadano en configurar la gobernanza del país hubiera sido el mismo), IU hubiera obtenido 13 diputados, que, sumados a los que hubiera tenido el PSOE en tal sistema, 153, habrían obtenido la mayoría, mientras que las derechas hubieran tenido 157 escaños en lugar de los 172 que obtuvieron. En realidad, IU habría obtenido muchos más de 13 diputados, pues su escasa incidencia, resultado de su escaso número en las Cortes, ha sido un factor determinante de su declive. De ser auténticamente proporcional desde el principio de la democracia, IU y las otras izquierdas habrían tenido mucho mayor peso en la vida nacional.

El PSOE, sin embargo, antepuso sus intereses de aparato frente a los deseos de sus votantes, pues estos, y sus militantes, indicaban que preferían que el PSOE se aliara con IU antes que con las derechas nacionalistas, CiU y PNV, que ha sido lo que el PSOE ha hecho con mayor frecuencia. En realidad, en la mayoría de las elecciones durante el periodo democrático (1982, 1986, 1989, 1993, 1996 y 2004), los votos a los partidos de izquierdas han sido muchos más (de 2.677.061 en 1982 a 1.486.896 en 2008) que los votos a los partidos de derechas. Sin embargo, las izquierdas no han conseguido mayorías parlamentarias, excepto en periodos limitados (1982-1992). Y el partido gobernante, PSOE, se ha aliado más con las derechas que con las izquierdas. El sistema electoral español es de los menos proporcionales existentes en los países democráticos y, como consecuencia, existe un desfase muy marcado entre el voto popular y la distribución de escaños en España. De ahí su limitada representatividad. Una consecuencia de ello es que el Estado del bienestar español sea el menos financiado de la UE-15.

Vicenç Navarro, catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra

Enrique Santiago Romero

“El modelo democrático no es una elaboración artificial de teóricos, juristas o politólogos, como lo pretendían sus adversarios conservadores en los años treinta. Es el resultado de una larga evolución histórica desarrollada a través de varios siglos”. Maurice Duverger. (Teórico del constitucionalismo).

El surgimiento imparable del “Movimiento 15 de Mayo”, exigiendo ¡Democracia Real Ya! (DRY), ha sorprendido por su amplitud, su dinamismo y su sensatez, característica esta última no siempre habitual en movimientos de masas tan multitudinarios y espontáneos. Pensándolo detenidamente, no podía ser de otra forma ya que su base social esta compuesta mayoritariamente por varias generaciones de españoles –nacidos entre los años 70 y 90 del siglo pasado- sin duda las mejor formadas y preparadas de la historia, lo que no les ha servido de mucho hasta ahora, ya que el conocimiento no ha impedido que sean también las generaciones con mayor desempleo en la historia española, con mayor eventualidad laboral y con salarios mas reducidos con respecto a su nivel de su formación, por no hablar de la ausencia de disfrute de garantías sociales mínimas como acceso a los sistemas de seguridad social, seguro de desempleo, cotizaciones para jubilación, etc.

La situación no deja de ser grave si consideramos que vivimos en un mundo de mas de seis mil millones de habitantes, de los cuales la mitad aproximadamente están condenados a la pobreza y otros dos mil millones apenas pueden sobrevivir dignamente a diario, pero poco más. La situación de penuria social y económica, de angustia ante el futuro que atraviesan las personas que componen la base del movimiento DRY -y muchas otras personas de este país que no tiene la suerte de ser tan jóvenes o de haber accedido a estudios superiores de cierta calidad-, no está ocurriendo en lejanos países en vías de desarrollo, sino en el corazón de una de las mayores potencias económicas del mundo, Europa, en uno de los supuestos paraísos del desarrollo. Si hasta ahora los habitantes del denominado hemisferio occidental intuíamos que no era sostenible un modelo económico que condenaba a la exclusión o la pobreza a cinco sextas partes de la humanidad a la vez que esquilma los recursos finitos del planeta, lo cierto es que mayoritariamente no nos cuestionábamos el sistema que hacia esto posible, ya que las penurias diarias esos cinco mil millones habitantes se viven demasiado lejos de nosotros, apenas se ven unos segundos al día a través de las pantallas de los telediarios.

La construcción del estado Democrático, Social y de Derecho europeo, fundado sobre el pacto social consistente en garantizar el bienestar, la igualdad y la justicia a todas las personas, no fue un regalo de las oligarquías políticas y económicas del siglo XX a las clases trabajadoras o medias ascendentes. Fue mas bien la consecuencia de la derrota del fascismo y nazismo internacional -al precio de mas de 60 millones de muertos- y de la instauración de regímenes socialistas en la Europa del Este. Ningún derecho ha sido regalado o prestado a los ciudadanos por las plutocracias como para que éstas puedan de pronto decidir a su antojo recortar o suprimir los más básicos y esenciales derechos del Estado Social. Estos recortes y supresiones de derechos han ocurrido ante la sorprendente y fraudulenta parálisis e inanición de las instituciones democráticas elegidas por esos mismos ciudadanos –esa y no otra es su legitimidad democrática- para garantizar los derechos que les están siendo usurpados.

Tras la Segunda Guerra Mundial la humanidad acordó elevar a categoría de derechos imperativos -ius gentium- los recogidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y en las Convenciones posteriores que los desarrollaron. Desde entonces, todos los derechos recogidos en esos tratados –civiles, políticos, económicos, sociales y culturales- disfrutan de la misma protección teórica en el derecho internacional –el derecho de las llamadas “naciones civilizadas”- todos ellos son de obligado cumplimiento y respeto por parte de los poderes públicos y los particulares. Aún hoy nadie nos ha explicado por qué todo el posterior desarrollo constitucional habido en los países occidentales, los más ricos y desarrollados económicamente, elevó a derechos de especial protección y exigibilidad los derechos civiles y políticos, y sin embargo discriminó los derechos económicos, sociales y culturales, obviando establecer en las cartas magnas mecanismos de cumplimiento y exigibilidad de dichos derechos en caso de ser negados o conculcados, así como obviando en ellas la obligación de las autoridades de garantizarlos.

Lo ocurrido posteriormente todos lo conocemos. Nos hicieron creer que el Estado y el sector publico eran ineficaces y perniciosos por naturaleza, poderosos instrumentos de liberticidio que debían quedar reducidos a su mínima expresión, si no desaparecer, cediendo el testigo al individualismo y la iniciativa privada, la “libertad en su máxima expresión”, lo denominaron los políticos conservadores y sus socios “social-liberales”, quienes construyeron un idílico relato del porvenir que nos esperaba, anunciándonos riquezas y bienestar inagotables para todos, en una especie de arcadia consumista y feliz que ha acabado revelándose como la mas orwelliana de las posibles pesadillas.

“No es una crisis, es una estafa”, gritan acertadamente las personas que estos días ocupan las calles de nuestro país. Pero no, no es solo una estafa, es una inmensa cadena de estafas. Es un plan criminal perfectamente concebido y ejecutado, dirigido contra todos los europeos que no pertenecen a las oligarquías financieras o a las plutocracias establecidas. Un plan criminal que continua ejecutándose con absoluta impunidad.

Es la estafa del sector bancario y financiero, que se ha enriquecido a la vez que destruía empleo y extraía hasta el ultimo céntimo de aquéllos que viven de una nómina; es la estafa hipotecaria, que nos hizo creer que todos podíamos ser propietarios y acabó mostrando que los prestamistas serán los únicos propietarios de nuestras casas y de nuestras deudas, mientras que por el camino trescientas mil familias de este país han sido desahuciadas y siguen estando endeudadas; es la estafa de la clase política dominante, que ha privatizado -es decir, regalado- no solo lo mejor y más rentable del sector publico sino la practica totalidad del mismo, a sus compañeros de pupitre y demás conocidos y allegados, diciéndonos que era lo mejor para todos y haciéndonos el “favor” de librarnos de la “pesada carga” que por lo visto suponían unas deficitarias empresas publicas que automáticamente han producido multimillonarios beneficios a quienes las han adquirido a precio de saldo y con todo tipo de facilidades de pago; ha sido la estafa de la liberalización de las comunicaciones, que nos prometía un infinito incremento de la calidad de los medios de comunicación y de la pluralidad informativa y ha acabado poniendo en marcha la mayor maquinaria de desinformación y aculturización que se recuerda desde los tiempos de Goebbels, aquél que teorizaba y practicaba que una mentira difundida y repetida mil veces acaba convirtiéndose en verdad, medios todos ellos exclusivamente al servicio del liberalismo y las fuerzas políticas mayoritarias; es la estafa electoral de las oligarquías políticas, esas que permiten que los dos grandes partidos, PP y PSOE, obtengan un diputado en el Parlamento por sesenta mil votos -o menos- mientras que a quienes propugnan que los derechos sociales y económicos deben garantizarse a todos, les costó un solo diputado en las elecciones de 2008 mas de setecientos mil votos; es la estafa de las plutocracias políticas, que han limitado el ejercicio democrático a poder depositar una papeleta electoral –unas con mas valor que otras por lo visto- en una urna cada cuatro años; es la estafa perpetrada por el gran capital y sus servidores, cuya codicia insaciable ha llegado al extremo de comprar políticos y ponerlos a su servicio para que acaben con la progresividad fiscal en general y con las cargas impositivas a las rentas del capital en particular, provocando una concentración de riqueza insultante en pocas manos a la par que la reducción insoportable de los ingresos del Estado y la pauperización acelerada de la gran mayoría social.

Todos recordamos que desde hace años nos han prometido y asegurado, -PSOE, PP, CIU, PNV y demás representantes de oligarquías políticas- que la reducción del impuesto de sociedades, de los tramos altos del IRPF y la desaparición del impuesto de sociedades, eran las herramientas más eficaces para generar riqueza y crear empleo. Y ahora, que ha desparecido el impuesto de Patrimonio, prácticamente el de Sucesiones y Donaciones, y se han reducido como nunca los impuestos sobre el capital y las rentas mas altas, nos encontramos con las mayores cuotas de desempleo, exclusión y pobreza de la historia reciente de este país.

Pero en España y desde el año 2008 no todos los sectores económicos están en crisis: el comercio de productos de lujo –yates, coches de alta cilindrada, joyas, pieles, etc.- está viviendo su época mas dorada, con récord de ventas año tras año, a la par que aumenta la muy exclusiva lista de millonarios patrios.

Efectivamente “lo llaman democracia y no lo es” claman nuevamente con acierto y sentido común cada vez mas ciudadanos. ¿Qué ha fallado en nuestro sistema político para que la calidad de nuestra democracia deje tanto que desear? La respuesta es obvia: han fallado las leyes y quienes las hacen, empezando por la situada en el vértice de todas ellas, nuestra Constitución.

El Estado y sus instituciones se han desprovisto de recursos legales que les permitan evitar estafas como las habidas, han prescindido de cualquier norma que les permitiera intervenir en el mercado ante los evidentes desmanes de este. Nuestros gobiernos, por indicación de los saqueadores -camuflados en instituciones de regulación financiera y económica- han desarmado al Estado y al sector publico previamente a iniciarse la gran ofensiva neoliberal. La Unión Europea se ha construido sobre la estricta prohibición de intervención en la economía de los Estados, justificada con la falacia de la libre competencia, no se ha construido sobre la prohibición de la especulación y la defensa de la economía productiva. Sirva como ejemplo el desmán de las denominadas “agencias calificadoras de riesgos” que mediante tráfico de información reservada han enriquecido a sus empresas -o a las de sus clientes- cotizadas en bolsas a la par que han empobrecido a los pequeños ahorradores. Agencias que han orquestado los mayores ataques a la deuda publica española y europea que se recuerdan, con graves pérdidas para la sociedad y las haciendas publicas y espectaculares enriquecimientos para sus socios, socios que a la vez son los grandes accionistas de los fondos de inversiones multinacionales beneficiados por la economía especulativa. Warren Buffet, uno de los mayores tenedores de fondos de inversión especulativos de alto riesgo -Hedges Founds- en el mundo, es a su vez propietario del mayor paquete accionarial de la agencia Moody´s, la encargada de calificar la calidad de sus fondos de inversión. Apenas una pagina de una circular interna del Banco de España constituye todo el marco legal regulador de estas entidades en nuestro país, de estos auténticos corsarios del siglo XXI que navegan a sus anchas en el océano del liberalismo desregulador.

A lo largo de la historia las leyes han aparecido cuando un grupo humano, unido entorno a la convivencia, intenta regular sus relaciones mediante un equilibrio entre las ventajas y las desventajas que cada uno obtiene con esa relación. Equilibrio en las relaciones económicas, en las relaciones sociales, en las relaciones personales, etc. Las leyes son útiles si sirven para regular el sistema y hacer que este funcione eficaz y equitativamente, esto es, satisfaciendo dignamente las necesidades de todos sus integrantes. Si no es así, las leyes dejan de ser eficaces, dejan de ser justas y se convierten en ineficaces, en injustas e inequitativas. Es decir, se convierten en instrumentos de dominación de unos sectores sociales -los que resultan unilateralmente beneficiados- respecto a otros sectores sociales -aquéllos que resultan mayoritariamente perjudicados-. Y así estalla el conflicto social, que concluye con el exterminio o la dominación –privándolo por tanto de derechos- de uno de los grupos confrontados por el otro grupo, o bien concluye con la reforma del pacto de convivencia -del pacto constitucional-, renovándolo, adaptándolo a las nuevas situaciones y perfeccionándolo para corregir los errores que provocaron el conflicto.

El movimiento DRY ha tenido el gran acierto de manifestar -desde una ciudadanía claramente apartidista, que no apolítica-, lo mismo que venia siendo un clamor desde los sectores políticos organizados que han sido consecuentes con el pacto social y político alcanzado por la humanidad tras la derrota del fascismo a mediado del siglo pasado. Es decir, el movimiento no clama por un régimen socialista o revolucionario, sino únicamente por la recuperación del Estado Social, Democrático y de Derecho, objetivo que hoy día parece inalcanzable si no es a través de una autentica revolución de las mayorías sociales. Un Estado comprometido con la garantía de todos los derechos –también los económicos y sociales- para todas las personas. Ese mismo Estado Social que las oligarquías dominantes, ávidas de codicia y sobradas de egoísmo, quieren suprimir mostrando una torpeza sin limites, incluso objetivamente contraría a sus propios intereses de dominación. Tanta avaricia les ciega hasta para aplicar la máxima gatopardiana –cambiar algo para que todo siga igual- que ha posibilitado a las clases dominantes seguir disfrutando de sus insultantes riquezas y derroches a cambio únicamente de garantizar una vida minimamente dígna al resto de las personas. Esta crisis ha demostrado que ni siquiera a esto tan evidente y tan primario están dispuestos los que ejercen como nuestros dueños.

El movimiento 15-M lo está manifestando a diario y poniéndolo por escrito. Pocas tablas reivindicativas son más concretas, factibles, sensatas y acertadas para defender el Estado Democrático, Social y de Derecho como las medidas que para salir de esta grave crisis han sido aprobadas por la Asamblea del 20 de mayo de 2011 de la Acampada de Sol: cambio de la ley electoral y democracia mas participativa y controlada por los ciudadanos; garantía de todos los derechos básicos recogidos en la Constitución (vivienda, trabajo digno, sanidad, educación, libre circulación); eliminación de leyes discriminatorias e injustas; reforma fiscal que devuelva la progresividad impositiva y aumente la carga fiscal de los que más ingresan, incrementando los recursos del Estado, es decir, los de toda la sociedad; recorte de los privilegios de la clase política; políticas económicas al servicio de la sociedad y no de los dueños de las empresas bancarias y financieras; medidas eficaces contra la corrupción; reducción del gasto militar; democratización de la justicia….

¿Cuáles son entonces los impedimentos para que cualquier gobierno, cuya sensatez y capacidad se les debería presuponer, ponga en marcha esas medidas de forma inmediata?

Sin duda, los principales impedimentos son la pérdida de privilegios de los dos grandes partidos que estas medidas entrañarían, su supeditación constatada a esos centros difusos de poder denominados mercados, y la falta de instrumentos legales reales y eficaces para tomar medidas que nos permitan salir de esta situación. El extremo liberalismo, la reducción de la capacidad de intervención del Estado y la máxima desregulación legislativa de la actividad económica y financiera han dejado al Estado, es decir, a la sociedad, sin armas para defender los intereses colectivos. Y valga como muestra el proceso de construcción europea: se nos prometió la Europa de los pueblos y de los ciudadanos, y nos hemos encontrado con la Europa de los banqueros y del capital, una Europa cuya economía está regida por una institución no elegida ni controlada democráticamente: el Banco Central Europeo.

Seamos realistas: el actual marco legislativo español, nuestro marco constitucional, no nos proporciona herramientas lo suficientemente eficaces para invertir la situación actual, para garantizar una democracia real donde los ciudadanos no solo voten, sino que controlen que los elegidos no se aparten del mandato electoral y lo cumplan –del contrato que firmaron con los ciudadanos, igual que los bancos nos obligan cumplir sus contratos hipotecarios-, para poder así salir de la crisis y evitar que vuelva a producirse, para proteger al patrimonio de la sociedad en su conjunto frente a la voracidad de los interese exclusivamente individuales y privados. El artículo 128.1 de la Constitución determina que toda la riqueza del país, incluida la privada, se subordina al interés general. El 128.2 y el 131 contemplan, respectivamente, la iniciativa publica en la economía y la planificación de ésta para atender a las necesidades colectivas y así equilibrar y armonizar el desarrollo. Y el articulo 129.2 literalmente dice: “Los poderes públicos (…) establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción”. Tales encomiables enunciados, retóricos a fecha de hoy, de nada han servido al no ir acompañados de mecanismos constitucionales que posibiliten la exigibilidad de su cumplimiento a los poderes públicos, poderes públicos que a fecha de hoy ni han desarrollado dichos principios constitucionales ni han podido ser compelidos eficazmente a hacerlo por unos ciudadanos en absoluta situación de indefensión ante el sistemático incumplimiento constitucional. Además, el derecho al trabajo (Art. 35 de la Constitución), a la vivienda (Art. 47), a la salud (art. 43), a la Seguridad Social (art. 41), a la cultura (art. 44), al medio ambiente sano y de calidad (art. 45), a la participación de la juventud (48), entre otros cuya defensa no es prioridad de los grades poderes económicos y financieros, son excluidos constitucionalmente del único mecanismo legal de exigibilidad del cumplimiento de derechos fundamentales que prevé nuestra carta magna, son excluidos de ser exigibles mediante recurso de amparo constitucional.

Las leyes deben responder a los problemas de su tiempo, contener mecanismos que permitan abordar y solucionar dichos problemas. Si no es así, no son útiles ni eficaces. Una constitución con casi treinta y cinco años, anterior a la era de la globalización de la económica y las comunicaciones, está obsoleta por definición, por mucho que irracionalmente se haya sacralizado hasta los niveles totémicos que ha llegado a alcanzar nuestra actual Carta Magna. No es fácil encontrar una constitución europea con treinta y cinco años de edad que no haya sido sometida a profundas reformas, probablemente ninguna de las actuales. El pánico político que existe en España a abordar una profunda reforma constitucional es impropio de una democracia madura y sólida, donde una Constitución es exacta y únicamente eso: una ley, la situada en el vértice superior de la escala normativa, pero una ley a fin de cuentas que debe ser adaptada a las necesidades sociales de cada momento.

Obviemos en este texto -sería materia exclusiva para otro escrito- el origen “semiotorgado” de nuestra Constitución, cualidad que permitió hasta el reconocimiento de legitimidad al régimen dictatorial anterior, tal y como viene recordando nuestro Tribunal Supremo cada vez que falla contra la anulación de una resolución emanada de un Consejo de Guerra o de un Tribunal penal de la dictadura franquista.

Que en 1978 la democracia fuera una concesión del ejército y las oligarquías franquistas a la ciudadanía nadie lo cuestiona a fecha de hoy, como nadie cuestiona que nuestro actual Jefe del Estado -designado previamente a la aprobación de la Constitución y por exclusiva decisión del dictador, sin que nunca se haya sometido al veredicto de las urnas- haya recibido su legitimación democrática -de la que carecía en origen- a través del texto de nuestra actual Carta Magna. No es de extrañar por tanto que a fecha de hoy desconozcamos su opinión sobre la crisis económica, sobre sus causas y causantes y sobre la situación que atraviesan las victimas de ésta.

Pero lo que fue condición sine quanon para iniciar la democracia en 1978 no tiene porque serlo hoy día para defenderla y mejorarla, sobre todo si dicho marco constitucional se manifiesta por momentos como ineficaz e incapaz de dar respuestas a los retos de nuestra sociedad.

El 70% de las personas que hoy tienen derecho de voto en España no pudieron votar la Constitución de 1978, ni por supuesto participar en su elaboración. No habían nacido o no tenían edad para ejercer el derecho al voto. Muchos de ellos alcanzan hoy día la cincuentena y a este paso morirán sin haber participado en un proceso constituyente.

¿Que piensa plantear el “Movimiento 15-M” a partir del día 23 de mayo para que las personas que lo han nutrido, y que tanto han hecho para despertar del letargo las conciencias de los ciudadanos, pueda hacer realidad sus muy justas y oportunas propuestas acordadas en asamblea? El reto no es fácil, aunque en otro país europeo ya se ha resuelto. Islandia se encuentra inmersa en un nuevo proceso constituyente para que los ciudadanos, mediante la elaboración y aprobación de la que probablemente sea la constitución mas participada en su redacción de toda la historia europea, acuerden una nueva carta magna que garantice que los derechos de toda la sociedad nunca mas van a ser usurpados, secuestrados o esquilmados por los mercados.

Este país también necesita ese nuevo proceso constituyente para salir de la crisis y evitar volver a caer, nunca más, en una estafa masiva y criminal de la envergadura de la que estamos padeciendo. No podemos salir de esta situación si no tenemos herramientas para ello. Ante la negativa hasta ahora de los poderes públicos a proporcionarnos estas herramientas, debe ser la soberanía popular expresada legítimamente a través de una asamblea constituyente, extensa y capilar, participativa y participada no sólo por partidos políticos, sino también por movimientos sociales y personas, la que nos garantice a los ciudadanos los instrumentos por los que la mayoría social hoy esta clamando. Y todo ello lo podemos alcanzar de forma pacífica, ordenada y cívicamente, como así esta siendo este increíble movimiento.

Acabemos este escrito recordando la cita inicial del profesor Maurice Duverger. La Democracia sólo es tal si evoluciona permanentemente perfeccionándose. Esta realidad únicamente puede ser ignorada por gobernantes ciegos y engreídos que creen que su obra es tan perfecta que ya nos ha llevado al fin de la Historia.

Artículo publicado en Rebelión.

El próximo miércoles 4 de mayo de 2011 se presentará en rueda de prensa la manifestación antinuclear estatal convocada en Madrid para el domingo día 8 de mayo, bajo el lema: Chernóbil, Fukushima,… ¡Nucleares cierre ya!

Las organizaciones convocantes explicarán a los medios de comunicación los motivos de esta iniciativa y los objetivos y propuestas de la movilización. La manifestación del 8 de mayo tiene lugar a las pocas semanas del 25 aniversario de la tragedia de Chernóbil y cuando la situación en la central japonesa de Fukushima continúa siendo de alto riesgo.

Los convocantes de esta manifestación son: Acción en Red, Acsur, Amigos de la Tierra, ARBA, Asociación Ecologista del Jarama, El Soto, Asociación Paz Ahora, CGT, Confederación de Los Verdes, Confederación Intersindical, Cristianos de base, Ecologistas en Acción, Ecolo_Verdes, Equo, FRAVM, Globalízate, GRAMA, IU Federal, IU Madrid, Izquierda Anticapitalista, Jarama Vivo, Los Verdes – Grupo Verde, 0203, Partido Comunista de Madrid, Plataforma Térmicas No – Aire Limpio, Solidaridad Obrera. Se adhiere: Greenpeace.

Rueda de prensa: Presentación Manifestación Antinuclear Estatal
Fecha: 4 de mayo
Hora: 11:30 horas
Lugar: sede Ecologistas en Acción, calle Marqués de Leganes, 12, Madrid

Izquierda Unida vota ‘NO’ en el Congreso a la participación militar española en la guerra de Libia

Intervención íntegra y réplica de Gaspar Llamazares al presidente del Gobierno durante el Pleno Extraordinario (22-3-2011)

Señor presidente del Gobierno, en nombre de Izquierda Unida yo digo ‘No’. Señor presidente, ¡quién le ha visto y quién le ve! Otrora tras la pancarta del ‘No a la Guerra’: no a la guerra de Irak; más tarde con el sí, pero… a la guerra de Afganistán, y ahora encabezando la coalición de París, rememorándonos a todos otra coalición: la coalición de las Azores.

Pero yo digo ‘No’ a esta intervención; ‘No a la Guerra’ porque el argumentario de la intervención, si bien tiene, a diferencia de Irak, un mandato de Naciones Unidas, no son los derechos humanos, no es la democracia en Libia, porque ni los derechos humanos ni la democracia se exportan. Ni los derechos humanos ni la democracia se imponen mediante la guerra. Muy al contrario, son los intereses: los intereses geoestratégicos, los intereses económicos y políticos en Libia y, sobre todo, se abre una nueva etapa en la política internacional, y a mí no me gusta. No me gusta esta nueva etapa donde cada uno establece su ‘patio trasero’ y en ese ‘patio trasero’ gobierna con el apoyo de los otros o con la anuencia o abstención de los otros: nosotros en el Mediterráneo, Rusia en su entorno, China en el suyo, y Estados Unidos en los de todos. Señor presidente del Gobierno, ese no es el multilateralismo, ese no es un futuro también democrático para el gobierno del mundo.

Señor presidente del Gobierno, no es verdad, es hipócrita hablar de derechos humanos. En estos momentos hay en el mundo 32 conflictos prácticamente iguales, con características muy similares al de Libia, donde hay un gobierno despótico, un tirano que sojuzga a su pueblo y que en muchos casos extermina a parte de su pueblo, a una tribu o al que piensa de forma distinta que él, y sin embargo sería una verdadera locura que la política internacional fuera la utilización de la guerra para acabar con esas situaciones. Sería una locura porque nos llevaría a un conflicto mundial. Por eso no se hace. Por eso se adoptan otras medidas.

¿Por qué lo hacemos en el caso de Libia? ¿Por qué en el caso de Libia en lugar de adoptar medidas políticas, que se han hecho en la primera resolución, precipitadamente -y digo precipitadamente- en la segunda resolución vamos directamente a la intervención militar? Pues porque Libia juega un papel muy importante en el norte de África y en el Mediterráneo, y porque queremos gobernar los cambios en el Mediterráneo a nuestro acomodo. Digámoslo claramente: que queremos gobernar los cambios que se están produciendo, encauzarlos, controlarlos, y que queremos también saber y garantizar el futuro de la energía en el Mediterráneo.

No se trata de la responsabilidad de proteger, señorías. Se trata del derecho a controlar, esa es la cuestión: del derecho a controlar en nuestro espacio, del derecho a controlar en nuestro patio trasero, y en nuestra opinión eso no se puede hacer mediante la guerra. Señorías, si fuera una cuestión de derechos humanos, hay que saber que la guerra, la intervención militar, la exclusión en el espacio aéreo provocan más sufrimiento -y tenemos la experiencia-, provocan más desplazamientos de población, enconan las situaciones y los enfrentamientos, y dificultan la solución de los conflictos.

¿Por qué adoptamos pues esa estrategia? Pues porque nuestro objetivo, como he dicho antes, no son los derechos humanos, nuestro objetivo es la defensa de la geoestrategia y de los intereses. Y, en mi opinión, incluso para este objetivo menos ‘santo’ de estrategia y de intereses la estrategia de la guerra es también equivocada.

Señorías, nosotros proponemos, por el contrario, que se mantengan las políticas que en otros casos han tenido éxito, y recuerdo Sudáfrica. Sudáfrica no fue bombardeada; tampoco pensamos bombardear Palestina, ni tampoco bombardear Marruecos por el conflicto del Sahara, ni Birmania. No pensamos hacer ninguna cosa de esas. Lo que podemos hacer es utilizar al máximo los medios civiles que tiene la comunidad internacional: bloquear las cuentas de los tiranos, también embargar las armas para que no tengan medio de reprimir a sus pueblos y tomar medidas para aislar políticamente a esos regímenes. Esas medidas tuvieron éxito en el caso de Sudáfrica, han tenido también éxito en otros países y no tienen por qué dificultar las cosas en el caso de Libia.

Termino refiriéndome a algo que me parece muy importante. Fíjense cómo hemos devaluado las cosas que hemos pasado del ¡OTAN no! y del ¡No a la guerra! al sí a esta guerra y a encabezarla. Devaluamos la autorización de la Cámara y la convertimos en una mera ratificación. Esto demuestra cómo se devalúan las cosas, pero -y termino- también demuestra nuestra propia hipocresía. No es La Odisea o, si es La Odisea, no vamos de Troya a Ítaca, vamos al revés, de Ítaca a Troya. Muchas gracias.

TURNO DE RÉPLICA DE LLAMAZARES A LA RESPUSTA DE RODRÍGUEZ ZAPATERO

Señor presidente del Gobierno, las palabras no son inocentes, y usted ha dicho que mi intervención ha sido agresiva. Aquí el único agresivo es el dictador contra su propio pueblo. Lo que yo he hecho ha sido una intervención crítica. Ha dicho usted también que he caricaturizado su posición. Usted la mía. Usted ha peleado con molinos de viento pero ha querido transformarlos en gigantes.

Señor presidente del Gobierno, yo he dicho que en concreto para luchar contra la vulneración de los derechos humanos, para luchar también a favor de la democracia en el norte de África, la guerra -donde estamos, en una resolución que es una carta blanca que va de la exclusión aérea a intervenciones militares- es el peor método, porque aumenta el sufrimiento de la población, porque encona la situación y porque en definitiva no permite una solución política.

Pero le digo lo mismo que le dije y no me ha respondido. Ha dicho, primera resolución: bloqueo, embargo; segunda resolución al cabo de un mes: porque no cumplen, directamente la intervención militar. ¿Van a hacer ustedes lo mismo con todos los que incumplen las primeras resoluciones de Naciones Unidas? ¿Ese es el camino con Myanmar? ¿Ese es el camino con Israel en relación con Palestina? ¿Ese es el camino con Marruecos en relación con el Sahara? ¿Es el camino? Yo creo que sería equivocado, a pesar de mi profundo desacuerdo respecto a esos regímenes que también exterminan y golpean a sus pueblos o a pueblos hermanos. Creo que el mecanismo debe ser muy diferente. He recordado, en concreto, el caso de Sudáfrica, donde el embargo, el bloqueo y el aislamiento internacional fueron duros y difíciles, pero hoy Sudáfrica es una democracia consolidada y con futuro. En mi opinión, eso pone en valor la diplomacia de los valores y quita valor a la diplomacia de los cañones.

Señoría, termino con Afganistán. Yo le he dicho ‘sí, pero…’ en Afganistán porque usted fue quien dijo que nos retirábamos de Libertad Duradera y que seguíamos en ISAF. Eso es ‘sí, pero’; es decir, sí estoy en Afganistán pero no estoy plenamente en Libertad Duradera. Sí, ha sido así, yo he protagonizado esos debates con usted durante esta legislatura, pero si no se acuerda no hay problema.

Quería plantear una cuestión final en relación con la posición de los presidentes del Gobierno que terminan sus legislaturas. La verdad, no sé qué les pasa, que pierden el contacto con la gente -y la gente en este país es pacifista- y que ya solamente responden ante la historia.

En defensa del servicio público audiovisual.
La radio y la televisión pública de cobertura estatal.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Es un derecho fundamental de los ciudadanos disponer de una oferta audiovisual diversa, gratuita y de calidad y de una información veraz, independiente y plural, que garantice también el acceso universal a la cultura y al entretenimiento, así como a las posibilidades que abre la sociedad de la información y el conocimiento en el nuevo entorno digital.

En ese sentido, un servicio público estatal de radio, televisión y servicios interactivos, es crucial para salvaguardar la diversidad y la identidad cultural, el pluralismo, la cohesión social, la promoción de las libertades fundamentales y el propio funcionamiento de la democracia.

En nuestro país RTVE ha experimentado en los últimos años una reforma sustancial de su marco normativo, empresarial y tecnológico que le ha permitido avanzar en la democratización de su gestión y en la independencia profesional. Los contenidos e informaciones del grupo RTVE se han convertido en los más valorados por los ciudadanos. Sus servicios interactivos, su oferta radiofónica y sus canales temáticos -Clan, Teledeporte y Canal 24 horas- complementan una oferta educativa infantil, cultural y deportiva de enorme rentabilidad social y al alcance de cualquier telespectador.

UN MOMENTO CRUCIAL PARA EL FUTURO DE RTVE

Sin embargo, a pesar de su buena aceptación social y de la acreditada función de servicio público que diferencia a RTVE de las cadenas comerciales, los ciudadanos no tienen garantizado en el futuro inmediato la oferta audiovisual que esta cadena pública presta en la actualidad.

En un escenario caracterizado por la fragmentación de canales, los intereses comerciales y la concentración de grandes grupos empresariales, RTVE puede ver reducida su oferta audiovisual por un inestable modelo de financiación que puede provocar la asfixia económica y cuyo único objetivo parece apuntar a un favoritismo político hacia los canales privados y de pago, en detrimento de unos contenidos -infantiles, culturales, deportivos e informativos- gratuitos y de calidad.

Contradictoriamente con el discurso oficial que otorga a RTVE una función crucial en la formación de valores ciudadanos tan esenciales como el respeto al pluralismo, la independencia o el acceso universal a la Sociedad de la información, el Gobierno no muestra disposición a garantizar el total de los ingresos previstos en el presupuesto aprobado por las Cortes, lo que pondría en cuestión, en la práctica, el cumplimiento de la misión de servicio público que RTVE tiene encomendada por ley. Especialmente ante las menores aportaciones de operadores privados de televisión y telecomunicaciones.

La no firma del contrato-programa, vulnerando los plazos legales, es un alarmante síntoma del escaso interés por garantizar una suficiente financiación para los próximos años.

Por su parte, el Partido Popular ha mostrado también su escasa conciencia de servicio público: tras proponer un recorte en la subvención estatal de 200 millones de euros, ha presentado en el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley que pretende suprimir uno de los dos múltiples de RTVE, es decir, reducir a la mitad su oferta televisiva. De este modo, las iniciativas del Gobierno y del principal partido de la oposición parecen apuntar a una conjunción de esfuerzos para dar una nueva vuelta de tuerca al servicio público, disminuyendo inmediatamente su capacidad de competencia y su peso en la audiencia televisiva española.

EL VALOR DE UNA OFERTA AUDIOVISUAL PÚBLICA

RTVE es un servicio esencial e imprescindible en términos de rentabilidad social, de diversificación, pluralismo e independencia informativa. La asfixia financiera o la desaparición de algunas de sus cadenas supondría una merma de derechos fundamentales de los ciudadanos, como por ejemplo, el poder acceder a unos contenidos infantiles y educativos éticos, disponer de una oferta informativa plural e independiente o tener acceso gratuitamente a importantes eventos deportivos.

La apelación a la situación de crisis económica que los dos principales grupos políticos utilizan para recortar la financiación pública o reducir la oferta de canales de RTVE encubre en realidad otro tipo de intereses políticos y empresariales, puesto que, en términos de coste-rentabilidad, un recorte del servicio que RTVE presta en la actualidad abocaría a los ciudadanos a prescindir de unos contenidos de gran valor social y a pagar -directa o indirectamente- a las cadenas privadas por el acceso a unos contenidos que ahora se disfrutan universalmente, sin cortes publicitarios y de forma gratuita.

Si pusiéramos en valor las horas que los usuarios invierten en disfrutar de estos contenidos de servicio público comprobaríamos cómo la oferta educativa, cultural, deportiva e informativa -televisiva, on line o radiofónica-, es tan valiosa en términos sociales como en términos económicos. Para los colectivos sociales y los partidos minoritarios, para los agentes sociales, ONGs o asociaciones de consumidores y usuarios, RTVE es la única plataforma que garantiza por ley el derecho de acceso y prácticamente la única ventana que permite proyectar sus actividades al conjunto de la sociedad, además del apoyo a la industria cinematográfica española.

MANIFIESTO EN DEFENSA DE RTVE

En este contexto, los abajo firmantes, ciudadanos y representantes de organizaciones sociales, profesionales y académicas, consideramos que la sociedad española se encuentra en un momento crucial para la consolidación de su modelo de servicio público de comunicación, y expresamos nuestra voluntad de defender la existencia de una radiotelevisión pública:

1. Que reafirme una oferta audiovisual independiente, de calidad y tecnológicamente solvente, con unos medios económicos, técnicos y humanos adecuados a dichos objetivos.

2. Que sea coherente con la demandas de los ciudadanos, ajustándose a criterios de rentabilidad social, y siendo respetuosa con las leyes y directrices que velan por su misión de servicio público.

3. Que sea el principal baluarte y la garantía de que prevalezca el interés general y todos aquellos aspectos fundamentales para la creación de una opinión pública libre: veracidad, independencia y pluralidad de la información, protección y promoción de los derechos de la infancia, igualdad de género y edad, defensa de los derechos humanos, apoyo a la educación y a la formación, al desarrollo cultural y a la cohesión social.

4. Que cuente con un modelo de gestión eficiente que sepa rentabilizar al máximo la producción y los recursos propios, con criterios que garanticen la independencia política y estimulen la profesionalidad, con una financiación pública suficiente que permita el cumplimiento de sus objetivos en consonancia con los modelos audiovisuales de nuestro entorno europeo.

5. Que sea capaz de generar una oferta atractiva, innovadora y de calidad dirigida a grandes segmentos de la población y justificada por su rentabilidad social.

6. Que cumpla un papel estratégico para el desarrollo de las identidades y de las industrias culturales propias y que, conforme a su Estatuto, generalice el derecho de acceso de los grupos sociales y profundice en la objetividad y la imparcialidad de sus informaciones, el pluralismo de opinión, el respeto a las minorías y la participación social.

7. Que refuerce su colaboración con otros operadores audiovisuales públicos en los diferentes niveles, -estatal, autonómico y municipal- así como con las diferentes entidades de radiotelevisión pública en Europa, el Mediterráneo e Iberoamérica, fomentando igualmente la producción independiente.

8. Y, finalmente, que participe de forma activa en el desarrollo de la Sociedad de la Información para todos: radio, televisión digital, alta definición y los servicios interactivos, con una aportación significativa de contenidos y servicios móviles y multiplataforma. En definitiva, que facilite el acceso universal de los ciudadanos a una oferta de interés multimedia e interactiva en abierto, tanto generalista como especializada, mejorando con ello claramente la alfabetización mediática en beneficio del público.

Madrid, Enero de 2011

Manifiesto “8 de marzo”
“La igualdad no puede esperar”

Celebramos el Día Internacional de la Mujer dentro de una persistente y grave crisis económica, donde la incapacidad del Gobierno para atajarla está dando lugar a medidas que atacan directamente a la sociedad del llamado bienestar y a las conquistas sociales de la clase trabajadora, con políticas neoliberales cada vez más agresivas.

En este contexto las consecuencias son aún mayores para las mujeres debido a las desigualdades históricas que ya de por sí se arrastran. Es por ello que la igualdad no puede esperar, sólo con la igualdad efectiva y real las mujeres podremos superar las condiciones que nos están imponiendo.

Es especialmente relevante la rentabilización espuria del Gobierno del PSOE, en su semestre de presidencia de la Unión Europea. Utilizando leyes como la de Igualdad, violencia o la de interrupción voluntaria del embarazo, para silenciar el desastre económico y la ausencia de avances sociales; y dar una imagen de avanzadilla europea en políticas de igualdad, que dista bastante de la realidad, no sólo por los escuetos contenidos y por su decepcionante aplicación, sino por su evidente desinterés por estas políticas, como bien muestra la ridícula asignación económica en los Presupuestos generales del Estado.

El Área Federal de la Mujer de IU denuncia en este 8 de marzo la pasividad por parte del gobierno que definitivamente a quien está perjudicando más es a las mujeres. Las propuestas en torno a los Pactos de Toledo, indican que los sectores económicamente más deprimidos, van a sufrir con dureza los efectos de una crisis generada por el gran capital. Entre ellos las mujeres somos las directamente señaladas por la reforma de las pensiones, los recortes salariales, el abaratamiento de los despidos,… ya que somos nosotras las que desde el principio tenemos peores condiciones laborales.

Los últimos datos ofrecidos por el INI no dejan duda: de los 2.470.700 trabajos a tiempo parcial de último trimestre 1.917.800 son ocupados por mujeres (101.800 más que hace tres meses) y la tasa de paro femenina está en el 19,07 %. Las medidas que el gobierno del PSOE adopta, están exclusivamente encaminadas a seguir potenciando la industria inmobiliaria, el ladrillo y la especulación urbanística, dejando a un lado la inversión en infraestructuras y servicios públicos.

Con esta política, no sólo se sigue potenciando el paro en los demás sectores productivos, sino que además, se deja a las mujeres en una situación de mayor precariedad que antes. El gobierno del PSOE ha echado en el olvido hasta sus propios compromisos laborales adquiridos en la ley efectiva de igualdad.

IU exige al Gobierno:

* Que el fondo de inversión local para el empleo se acompañe del obligatorio informe de impacto de género que garantice el empleo de mujeres en iniciativas laborales socialmente necesarias.
* Que en la Inversión pública se primen inversiones e infraestructuras de servicio público, no limitándose a sectores eminentemente masculinizados como la construcción, el asfalto y el automóvil.

* Que se acabe de una vez por todas con las diferencias salariales entre hombres y mujeres en puestos de trabajo de igual valor.

* Que se incluya obligatoriamente en los contratos públicos, medidas reales de igualdad en la contratación y en el empleo.

* Que se obligue a las empresas públicas y privadas a que tengan Planes de Igualdad.

* Que se reconozca la contribución económica de las mujeres en los trabajos no considerados como productivos (crianza, cuidado, tareas domésticas, etc.)

* Que se asigne el 5 % del total del Presupuesto a políticas “mujer” específicas y transversales. En este 8 de marzo hacemos un llamamiento a las movilizaciones que desde el movimiento de mujeres, se realicen a favor de la igualdad efectiva de las mujeres.

¡Por los derechos de las mujeres!
La igualdad no puede esperar

La salida a la crisis con políticas de izquierdas es posible

Izquierda Unida participa en las redes sociales. Éstas son un instrumento perfecto tanto para comunicar nuestras ideas y proyectos como para poder recibir las propuestas, demandas, críticas,… ¡y también las alabanzas! Además de nuestras cuentas oficiales en Facebook, Twitter, Youtube, Flickr… es fundamental vuestro apoyo como activistas en la red. Para ello te puedes apuntar a nuestro grupo de ciberagitación pinchando AQUÍ y te enviaremos de vez en cuando alguna propuesta de acción en la red, iniciativas de IU, etc.

Creemos que la política no es cosa de minorías privilegiadas ni de profesionales, no concebimos una democracia sin participación activa y directa de todos y todas. La política es cosa tuya, toma partido.

Nos reunimos todos los lunes, a las 19:00 horas en nuestro local, en la calle Oriente 22. Acércarte.

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