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RECORTES EDUCATIVOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Escrito el 15 julio 2011 por Izquierda Unida - Majadahonda

LA FEDERACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE APAS “Francisco Giner de los Ríos” exige la anulación de las instrucciones de la Consejería de Educación para el próximo curso escolar y pide al Ministerio de Educación que obligue al Gobierno Regional a que cumpla la LOE y deje de dinamitar la Escuela Pública.

La Federación Francisco Giner de los Ríos considera que las instrucciones emitidas el pasado 4 de julio para poner en marcha el curso escolar 2011-2012, suponen un nuevo ataque a la Enseñanza Pública. Hace mucho tiempo que en la Comunidad de Madrid los ciudadanos han dejado de pensar que no se puede ir a peor, pues el Gobierno Regional y su Consejería de Educación se esfuerzan en demostrar diariamente que sí se puede.

Mediante las instrucciones dictadas por la Viceconsejería de Educación para el próximo curso escolar desaparece, entre otras cosas, el horario específico de tutoría directa con el alumnado, lo que en la práctica supone que la tutoría no podrá realizarse tal y como marca la LOE y el sentido común. A este respecto, los padres y madres queremos saber: ¿Cómo se garantizará desde ahora que se cumpla lo estipulado en la Ley Orgánica de Educación (LOE) y en los Reglamentos Orgánicos de Centro?

¿Para qué sirven los Planes de Acción Tutorial si los tutores no tendrán tiempo para llevarlos a cabo? ¿Cómo se podrán realizar, con unas mínimas garantías de éxito, los compromisos entre las familias y los centros educativos? La desaparición de las tutorías supone que la Consejería de Educación no quiere entender lo que significa “Equidad en la Educación” y, lo que es más grave, la ataca directamente porque sabe que con estas actuaciones perjudica a todo el alumnado, pero ya nos ha dicho que sólo centrará sus esfuerzos en unos pocos “excelentes”, pues al resto del alumnado debe ser que no lo considera merecedor de los mismos derechos.

La FAPA no entra a valorar en este momento, aunque podría hacerlo, si los docentes deben dar más o menos horas de clase al día, eso lo dejaremos en manos de los legítimos representantes del profesorado con quienes la Consejería de Educación debería sentarse y dialogar. No somos ingenuos, ya sabemos que eso no se producirá, pero debe ser exigido igualmente y su falta denunciada públicamente. Pero sí diremos que los padres y madres deseamos la máxima calidad para la educación del alumnado, lo que exige que se mida muy bien dónde está el límite lógico en el total de horas semanales de docencia. Como en todas las profesiones, deben establecerse las funciones y los ritmos de forma sensata. No se puede elevar el número de horas de docencia sin ningún tipo de justificación, sobre todo sabiendo que esta actuación tendrá efectos negativos.

Nosotros confiamos en el buen hacer del profesorado, ellos son los que hacen que elijamos la Escuela Pública, y desconfiamos de una Administración que considera siempre que los docentes hacen mal su trabajo y que hacen poco, pues, además de injusto, es falso. Para dignificar su profesión, esa que el Gobierno Regional dice que potencia porque, según sus mensajes, es denostada por las familias, hace falta creer en su trabajo y darles herramientas para poder desarrollarlo en condiciones, no expulsarlos de su profesión e insultarlos constantemente. Además, ¿cómo se puede hablar de la importancia de los Directores y después dejarles como meros transmisores de notificaciones de despido y pedirles que gestionen los centros sin profesores, haciendo caso omiso también de su opinión?

Federación de la Comunidad de Madrid de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado “Francisco Giner de los Ríos” LA FAPA exige a la Consejería de Educación que anule las instrucciones dictadas, que se siente a dialogar con todos los sectores educativos, que busquemos soluciones entre todos a la falta de dinero que la Presidenta de la Comunidad reconoció que tenía la Comunidad de Madrid ante un micrófono que parecía apagado. Esa falta de dinero es la consecuencia lógica de haber dilapidado enormes partidas económicas vendiendo los servicios públicos al mejor postor y dándoles dinero para que
pudieran tener negocios rentables. Ahora tiene que cumplir los compromisos adquiridos con las empresas privadas y éstas, como es lógico, no escuchan razones de ajuste y de falta de liquidez,
quieren cobrar lo que se les firmó alegremente en momentos en los que parecía que el dinero no tenía fin. ¿No deberíamos, en primer lugar, revisar esas actuaciones y ponerles fin?

Los padres y madres queremos saber, al observar la nueva reducción aproximada de unos 3.500 profesores, y, en consecuencia, la eliminación del horario que los docentes tenían para realizar otras funciones que no eran dar clase, horario absolutamente necesario: ¿Cómo podemos mantener los desdobles que ahora ya no se podrán hacer? ¿Cómo se podrán dar los refuerzos que sean necesarios para los que ahora no tendrán tiempo disponible los docentes? ¿Quién hará las funciones de los coordinadores de bilingüismo y evitará el descalabro total del proyecto bilingüe? ¿Quién realizará las funciones de los coordinadores TIC y cuándo entrarán las nuevas tecnologías en las aulas madrileñas sin responsables que se dediquen a ello? ¿Cómo se podrá garantizar la calidad de la enseñanza cuando los docentes se verán obligados a impartir materias que no son de su especialidad? ¿Cómo podrá el alumnado tener todas las optativas a su alcance si casi se elimina la posibilidad real de que se puedan impartir? ¿Quién va a evaluar a nuestros hijos en Secundaria en septiembre, cuando la materia haya sido impartida por un interino cuyo contrato ha terminado en el mes de junio? ¿Quién va a realizar los informes y entrevistas con las familias y el alumnado que haya de formar parte de programas específicos, si los docentes que ocupaban la plaza son interinos y su contrato ha finalizado en el mes de junio para ahorrar el coste de un mes de vacaciones? ¿Cómo podrán muchas familias conciliar su vida familiar y laboral si desaparecen los Planes Locales de Mejora y Extensión, lo que provocará que desaparezcan las ayudas que reciben para cuestiones tan elementales para muchas de ellas como los desayunos en los colegios, sin que exista una verdadera política de familia y de racionalización de horarios laborales? ¿Cómo será viable la apertura de los IES por las tardes si los docentes no tendrán posibilidad de atender esos horarios? ¿Por qué se elimina todo lo que no sea imprescindible para tener un sistema educativo convertido en un mero sistema de guardería (Infantil y Primaria) y de formación y preparación para el empleo (Secundaria), es decir, orientado a dar servicio al mercado y a las necesidades de las empresas?

En definitiva ¿Alguien nos puede explicar a los padres y madres que escolarizamos a nuestros hijos e hijas en la escuela Pública dónde queda nuestro derecho a tener una educación de calidad? ¿Nos puede decir el Gobierno Regional por qué los recortes sólo los sufre la Escuela Pública? ¿Puede confesar públicamente por qué ha decidido que una legislatura que, según la entonces candidata y ahora Presidenta, fue denominada como la legislatura de la “educación, educación, educación” se ha convertido en la legislatura del “acoso, derribo y desmantelamiento definitivo de la Escuela Pública”?
¿O es que se refería a esto?

Por tanto, la FAPA solicita al Ministerio de Educación que ejerza las funciones que le encomienda la Constitución Española y frene los desmanes de un Gobierno Regional desleal con la legislación educativa actual, ayudando a la Comunidad Educativa madrileña para reconducir a un Gobierno Regional que prescinde de las formas democráticas más elementales. Porque los hijos e hijas de los ciudadanos madrileños no merecen menos que los demás. Es cierto que el Ministerio puede decir “ese Gobierno Regional ha sido votado por los madrileños”, pero eso no le exime de su responsabilidad y no solucionará los problemas que se les avecinan a las familias madrileñas.

Por último, los ciudadanos madrileños deben meditar sobre lo siguiente ¿dónde figuraba todo esto en el programa electoral del PP?, es decir ¿qué legitimidad tienen estas actuaciones que nadie contó?


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